Déficit fiscal
Un gobierno con déficit fiscal gasta más de lo que recauda. La diferencia la tiene que sacar de algún lado. Si pide prestado, acumula deuda. Si emite, genera inflación. En Argentina, durante la mayor parte de las últimas dos décadas, hizo las dos cosas.
El déficit fiscal no genera inflación directamente. La genera a través de la emisión monetaria que se usa para financiarlo. Pero entender por qué se emite requiere entender por qué se gasta tanto. Y ahí es donde empieza la historia.
¿Cuánto gasta Argentina?
El gasto público consolidado argentino — Nación, provincias y municipios — creció del 25% del PBI en 2004 al 42% en 2015. Se mantuvo arriba del 38% con Macri y volvió a superar el 40% con Alberto Fernández. Son niveles de gasto similares a los de países europeos con ingresos per cápita cuatro o cinco veces mayores.
El problema no es solo cuánto se gasta, sino en qué:
- Empleo público: Argentina tiene más de 3,5 millones de empleados públicos entre Nación, provincias y municipios. Una de cada cinco personas ocupadas trabaja para el Estado. Muchas provincias dependen casi exclusivamente del empleo público como fuente de ingreso.
- Subsidios a la energía y el transporte: Durante el kirchnerismo, las tarifas se congelaron durante una década. El Estado cubría la diferencia entre el costo real y lo que pagaba el consumidor. En 2015, los subsidios energéticos representaban más del 3% del PBI.
- Transferencias sociales: AUH, programas de empleo, Potenciar Trabajo, tarjeta Alimentar. Una red cada vez más extensa de transferencias que responde más a lógica electoral que a necesidad social.
- Jubilaciones: El gasto previsional es el rubro más grande del presupuesto nacional. Moratorias jubilatorias incorporaron a millones de personas que no habían aportado lo suficiente, ampliando el déficit del sistema.
¿Por qué no se recorta?
Porque cada peso de gasto público tiene un beneficiario concreto y un costo difuso. El empleado público sabe exactamente cuánto cobra. Los 46 millones de argentinos que financian ese sueldo con inflación no saben cuánto les cuesta cada uno. El beneficio es concentrado y visible; el costo es disperso e invisible.
Esto crea una asimetría política devastadora. El que pierde un subsidio protesta en la calle. El que paga la inflación que financia ese subsidio no sabe a quién reclamarle. Por eso es políticamente más fácil agregar gasto que sacarlo. Y por eso el gasto público en Argentina tiene una tendencia natural a crecer.
El Estado es esa gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de todo el mundo.
La trampa del déficit
Hay un argumento keynesiano que dice que el déficit fiscal puede ser positivo si se usa para "estimular la demanda" en momentos de recesión. El problema con este argumento en el caso argentino es triple.
Primero: el déficit no es cíclico, es permanente. Argentina tuvo déficit fiscal en 15 de los últimos 20 años. No es un estímulo temporal; es un modo de vida.
Segundo: el gasto no se destina a inversión productiva que pueda generar crecimiento futuro. Se destina mayormente a gasto corriente — sueldos, jubilaciones, transferencias — que no aumenta la capacidad productiva del país.
Tercero: en un país sin crédito y sin moneda, el déficit se financia con emisión. No hay canal keynesiano virtuoso posible cuando la contrapartida de cada peso gastado es un peso emitido que destruye el valor de todos los demás.
Déficit cero: ¿es posible?
Milei llegó al poder en diciembre de 2023 con la promesa de déficit cero. En los primeros meses de gestión, logró superávit fiscal primario recortando transferencias a provincias, licuando jubilaciones y reduciendo obra pública. Los números cerraron. El costo social fue alto.
La pregunta no es si es posible — se demostró que lo es. La pregunta es si es sostenible políticamente. Cada recorte tiene un lobby que lo resiste. Cada partida eliminada tiene un beneficiario que la defiende. La historia argentina está llena de ajustes que duraron uno o dos años y después se revirtieron cuando cambió el viento político.
El problema de fondo no es fiscal. Es institucional. Mientras el Estado tenga la capacidad de emitir para cubrir sus déficits, la tentación va a existir. Y mientras la tentación exista, algún gobierno la va a aprovechar. Por eso la solución no es solo equilibrar el presupuesto. Es eliminar la herramienta que permite desequilibrarlo sin consecuencias inmediatas.