La confiscación del oro
El 5 de abril de 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102. Con un trazo de pluma, se volvió ilegal para cualquier ciudadano estadounidense poseer oro. Todos los que tuvieran monedas de oro, lingotes o certificados de oro debían entregarlos a la Reserva Federal antes del 1 de mayo. El precio forzoso: US$20,67 la onza.
Quien no cumpliera se enfrentaba a una multa de US$10.000 (equivalente a US$230.000 actuales) y hasta 10 años de prisión. Por tener oro. En el país de la libertad.
¿Por qué?
La explicación oficial fue que la acumulación de oro estaba "estancando el crecimiento económico" durante la Gran Depresión. Los ciudadanos, al guardar oro, supuestamente impedían que el dinero circulara. La solución: quitarles el oro y darles billetes de papel a cambio.
La explicación real era más simple. Roosevelt quería devaluar el dólar para "estimular" la economía, pero no podía hacerlo mientras el dólar estuviera vinculado al oro y los ciudadanos pudieran canjearlo. Si devaluaba con el oro en manos privadas, la gente simplemente lo retendría (como hacían los argentinos con los dólares cuando se anticipaba una devaluación). Necesitaba sacarles el oro primero.
La estafa en dos actos
Acto 1: El gobierno obliga a los ciudadanos a vender su oro a $20,67 la onza.
Acto 2: En enero de 1934, Roosevelt firma la Gold Reserve Act y fija el nuevo precio del oro en $35 la onza.
Traducción: el gobierno les compró el oro a los ciudadanos a $20,67 y nueve meses después lo revaluó a $35. Una ganancia instantánea del 69% — para el gobierno. Una pérdida del 40% del poder adquisitivo — para los ciudadanos.
El precedente
La confiscación de 1933 sentó un precedente devastador: el gobierno puede, en cualquier momento, confiscar el activo que respalda su moneda y quedarse con la diferencia. Los ciudadanos que confiaban en que el dólar "valía oro" descubrieron que la promesa del gobierno tenía un asterisco: *mientras nos convenga.
La prohibición de poseer oro en Estados Unidos duró hasta 1974 — 41 años. Durante todo ese tiempo, los estadounidenses tuvieron prohibido tener el activo que durante milenios había sido la reserva de valor por excelencia. El resto del mundo también perdió acceso al oro como ancla monetaria cuando Nixon completó el trabajo en 1971.
La lección para cualquiera que guarde sus ahorros en un activo confiscable es clara: si el gobierno puede tomarlo, eventualmente lo va a tomar. No es una cuestión de confianza en este presidente o en aquel partido. Es una cuestión de incentivos. Cuando un gobierno endeudado y deficitario tiene la opción de confiscar riqueza para cubrir sus cuentas, la pregunta no es si lo hará sino cuándo.