Impuesto inflacionario
Cuando el gobierno necesita dinero, tiene tres opciones: cobrar impuestos, endeudarse o emitir. Las primeras dos tienen límites políticos — a nadie le gusta que le suban los impuestos y los mercados no prestan infinito. La tercera opción no tiene límite visible. No necesita pasar por el Congreso. No aparece en ninguna factura. No tiene nombre en el recibo de sueldo. Pero la pagan todos.
El impuesto inflacionario es la pérdida de poder adquisitivo que sufren los tenedores de dinero cuando el gobierno expande la oferta monetaria. Cada peso nuevo que se imprime diluye el valor de los pesos que ya existían. Es como si alguien agregara agua al vino: hay más líquido en la botella, pero cada trago tiene menos vino.
¿Quién lo paga?
A diferencia del impuesto a las ganancias o el IVA, que al menos tienen la decencia de ser explícitos, el impuesto inflacionario es invisible y regresivo. Lo pagan proporcionalmente más los que menos tienen.
¿Por qué? Porque los que más tienen pueden protegerse. Compran dólares, bonos indexados, propiedades, acciones. Tienen acceso a instrumentos financieros que les permiten escapar del peso. El jubilado que cobra la mínima, el trabajador informal que guarda pesos debajo del colchón, el almacenero que tiene su capital de trabajo en la caja registradora — esos no tienen escapatoria. Son los que pagan la cuenta.
Señoreaje
El nombre técnico del ingreso que obtiene el gobierno por emitir dinero es señoreaje. En la Edad Media, el señor feudal se quedaba con una parte de cada moneda que se acuñaba en su territorio. Hoy el mecanismo es más sofisticado pero la lógica es la misma: el Estado crea dinero a costo cero y lo usa para comprar cosas reales — bienes, servicios, salarios, votos.
En Argentina, el señoreaje fue durante décadas una de las principales fuentes de financiamiento del Estado. En los años previos a la hiperinflación de 1989, representaba más del 5% del PBI. Durante el gobierno de Alberto Fernández, volvió a niveles similares.
Mediante un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar, secreta e inadvertidamente, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. No hay medio más sutil ni más seguro de derribar las bases existentes de la sociedad.
Cuando hasta Keynes reconoce que la inflación es confiscación, sabés que el tema es grave.
¿Por qué no se discute?
Porque es invisible. Un impuesto del 30% sobre los ingresos genera protestas, marchas y titulares. Una inflación del 100% anual que tiene el mismo efecto confiscatorio se naturaliza. Se discute el índice de precios, se culpa a los empresarios, se implementan controles. Pero rara vez se señala al responsable: el que tiene la impresora.
Esa es la genialidad perversa del impuesto inflacionario. Es enorme, es regresivo, es confiscatorio, pero como no tiene nombre en el recibo de sueldo, la mayoría de la gente no sabe que lo está pagando.